Las demandas y luchas por el acceso a la vivienda digna se han manifestado en toda América latina. Sin embargo son muy pocos los países donde la presión de los movimientos sociales y las políticas públicas han logrado consolidar programas de vivienda de interés social, obrera o popular. Uno de estos países es Brasil, donde tras la dictadura originada por el Golpe militar de 1964, se logra aprobar décadas después la Constitución Federal de 1988 producto de la organización y presión popular. Esta nueva constitución otorga amplios derechos sociales y atribuciones al poder público. Sin embargo, aunque su cumplimiento sea relativo y no ha sido suficiente para frenar el empobrecimiento de grandes masas de trabajadores (rurales o urbanos) durante los noventas hasta la actualidad, permite el debate público sobre las contradicciones estructurales del capitalismo, los efectos de las políticas neoliberales y las demandas de las poblaciones vulnerables articuladas.

Hasta la actualidad uno de los movimientos sociales con mayor agencia, a nivel urbano, es el Movimiento de trabajadores sin techo del Brasil (MTST). Este movimiento empezó a organizarse alrededor de 1990, teniendo como base al Movimiento de los Trabajadores rurales sin tierra (MST) y sus luchas en el mundo rural. El MTST surge como una propuesta política desde los trabajadores formales, informales, subempleados o desempleados para satisfacer y luchar por la necesidad de la vivienda, una reforma urbana desde la periferia y denunciar las nuevas formas de precarización del trabajo. Gran parte de sus acciones concretas consisten en ocupar espacios en las ciudades (edificios abandonados o terrenos sin uso) y posteriormente intentar negociar con el gobierno local soluciones habitacionales, dadas a las dificultades de acceder a vivienda debido a los bajos ingresos. Aunque estas son sus acciones colectivas más visibles, sus luchas son mucho más amplias y diversificadas: organizar a los trabajadores, formar militantes, articularse con otros movimientos, luchar contra los procesos de gentrificacion, especulación y monopolio del suelo urbano y creación de formas de poder popular.

Así de la necesidad de programas públicos de vivienda para poblaciones vulnerables, se han formado no solo redes organizadas de resistencia urbana con organizaciones de bases, sino iniciativas de propuesta popular y capacidad de negociación con los gobiernos. Esto permitió (en Sao Paulo), por ejemplo, la organización de manifestaciones contra el Mundial de Fútbol Brasil 2014, la negociación y aprobación del nuevo Plan Director de la ciudad, que prevé la creación de nuevas áreas para la construcción de viviendas populares y además en los últimos meses las masivas protestas en la Río de Janeiro, Belo Horizonte y el mismo Sao Paulo, contra el ajuste fiscal promovido por el Gobierno de Dilma Rousseff.

En el Perú, el problema del acceso a la vivienda como demanda ciudadana organizada o debate público se ha reducido e invisibilizado desde finales de los ochenta. El problema de la vivienda en las grandes ciudades se ha reducido al problema del suelo donde la responsabilidad estatal se limita al otorgamiento de títulos de propiedad o el crédito para materiales de construcción.

En 1955 con la ocupación de “Ciudad de Dios” y posteriormente con los estudios y propuestas de Matos Mar y Adolfo Córdova, comienza a evidenciarse como problemáticas: la vivienda, las formas de urbanización y las políticas públicas que el estado debía asumir o implementar. Sin embargo ante esta circunstancia surgieron dos posiciones. La primera ve a la barriada como una solución no planificada gubernamentalmente, autogestionada y efectiva frente al problema de la vivienda y la habitabilidad de la ciudad. La segunda ve este tipo de ocupaciones como consecuencia de las contradicciones del sistema capitalista que generan desigualdades, segregación e injusticias sobre el acceso a la vivienda digna. Por lo que no se acepta a la barriada como modelo de crecimiento y expansión urbana, puesto que representa la condición de subdesarrollo. Al margen del debate académico, el gobierno central continúo intentando planificar y ejecutar proyectos de vivienda obrera o popular, pero que serían insuficientes y ampliamente desbordados ante la gran cantidad de demanda con los años.

Posteriormente tras el autogolpe militar de Alberto Fujimori y la aprobación de la Constitución Política del Perú de 1993, la vivienda fue eliminada como derecho básico y ciudadano. Desde la década de los noventa, hasta la actualidad la demanda de la vivienda del Perú no constituye un eje importante de debate público, organización social, propuesta urbana y política en la ciudad, a diferencia del Brasil. La continua ocupación informal de tierras residuales o desocupadas en situación de riesgo, el clientelismo político y la complicidad de los gobiernos locales con el tráfico de terrenos, han hecho que la lucha de la vivienda sea una problemática de carácter familiar y aislado. Le han quitado su capacidad de relacionarse con otros problemas como el subdesarrollo o la precarización del mundo del trabajo dentro de la ciudad.  

Actualmente no existe un programa de vivienda de interés social o popular para sectores vulnerables imposibilitados de adquirir vivienda a través del mercado debido al alto costo del suelo urbano, especialmente en Lima Metropolitana. Por lo que es necesario asumir y promover esta problemática como un eje central de la ciudad y de la política pública habitacional. Debe otorgársele capacidad relacional a este fenómeno e impulsar su debate público dentro y fuera de la academia. Debemos hacer que la vivienda no quede en un proyecto familiar, sino en una iniciativa colectiva y ciudadana, respalda por políticas públicas orgánicas, sostenibles, participativas, concretas y justas que garanticen la vivienda como un derecho y una necesidad.